Valle de Tulancingo 

Morena Puebla escala conflicto en Xicotepec y politiza un proceso que corresponde a instancias autónomas.

Xicotepec

Lejos de contribuir a la claridad institucional, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla decidió intervenir públicamente en un asunto que, por su naturaleza, corresponde exclusivamente a los órganos fiscalizadores, al emitir un posicionamiento en respaldo al gobernador Alejandro Armenta y señalar directamente al presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador.

El pronunciamiento partidista ha sido interpretado por diversos sectores como una tormenta en un vaso de agua, pues hasta el momento no existe un dictamen técnico, observación formal ni resolución legal que acredite irregularidades en el manejo de recursos municipales, lo que vuelve desproporcionada y prematura la reacción del partido en el poder.

Si bien la rendición de cuentas es una obligación legal de todos los servidores públicos, no corresponde a un partido político asumir el papel de fiscalizador, ni mucho menos emitir juicios públicos que presionen o condicionen el actuar de instituciones que, por ley, deben operar con autonomía, como la Auditoría Superior del Estado.

El comunicado de Morena Puebla no solo respalda al gobernador en su confrontación con el alcalde de Xicotepec, sino que abona a la narrativa de subordinación institucional, al normalizar que desde el poder político se sugieran, anuncien o “anticipen” revisiones, antes de que los procesos formales sigan su cauce legal.

Además, el señalamiento directo contra Carlos Barragan Amador refuerza la percepción de que el discurso de la transparencia está siendo utilizado como herramienta de control político, más que como un ejercicio serio de fiscalización. La rendición de cuentas pierde sentido cuando se convierte en espectáculo mediático y no en un procedimiento técnico, imparcial y sustentado.

En lugar de llamar a la prudencia, al respeto a los tiempos legales y a la autonomía de las instituciones, Morena Puebla optó por cerrar filas, escalar el conflicto y convertir una diferencia administrativa en un asunto partidista, debilitando así la credibilidad del propio discurso de honestidad que dice defender.

La fiscalización no se construye con comunicados ni con señalamientos públicos, sino con auditorías reales, procesos claros y resoluciones fundadas. Todo lo demás, por más retórica que lo acompañe, termina pareciendo más una estrategia de presión política que un verdadero compromiso con la transparencia.